El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia plena este sábado 5 de septiembre en todo el territorio argentino, marcando un hito en la legislación nacional tras décadas de debate sobre la minoría de edad y la responsabilidad ante la ley.
La normativa, establecida mediante la Ley 27.801 y sancionada por el Congreso a principios de año, reemplaza de manera definitiva al régimen que regía desde 1980. Su implementación total se concretó hoy, luego de cumplirse el plazo de 180 días otorgado a las provincias para que adecuaran sus estructuras judiciales y operativas a las exigencias del nuevo sistema.
El cambio estructural más importante de la reforma es la modificación en la edad de punibilidad, que desciende de los 16 a los 14 años. A partir de ahora, los adolescentes de entre 14 y 18 años quedan sujetos a proceso judicial y pueden ser juzgados por los delitos previstos en el Código Penal.
No obstante, la legislación introduce un esquema graduado y diferenciado para el tratamiento de los menores. Tener 14 o 15 años y cometer un delito no implica el encarcelamiento automático: para aquellas infracciones cuyas penas sean menores a tres años, la ley prohíbe la aplicación de prisión efectiva.
En su lugar, el sistema prioriza un enfoque socioeducativo centrado en la reparación del daño, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico y la imposición de restricciones de acercamiento. Asimismo, la normativa establece la prohibición estricta de la prisión perpetua para los menores de edad, fijando en 15 años el límite máximo para las penas privativas de la libertad.
Para garantizar el cumplimiento de las sanciones, la ley dispone que los jóvenes alojados en establecimientos penitenciarios deban cumplir sus condenas exclusivamente en centros especializados, bajo la prohibición absoluta de compartir espacios con adultos.
