Días atrás, una productora rural (M.I.N.) de Santo Tomé había denunciado que le habían robado «mágicamente» más de 150 animales de su estancia. Sin embargo, en las últimas horas, la productora, pasó de ser víctima a principal sospechosa.
La investigación, liderada por la Policía Rural y Ecológica bajo la supervisión del fiscal Martín Leiva, echó por tierra la versión de la mujer tras un despliegue que incluyó rastrillajes terrestres y el uso de drones. Los peritos señalaron que en el predio no había señales de violencia, alambrados cortados ni huellas de un arreo masivo que justificara la desaparición de semejante volumen de hacienda.
Además, señalaron que en los registros de la Dirección de Rentas y el Senasa aparecieron ventas debidamente registradas por una cifra superior a las 150 cabezas que la mujer reclamaba como robadas. A esto se sumaron testimonios de los propios empleados de la estancia, quienes describieron un escenario de descontrol administrativo, mortandad de animales y movimientos de hacienda realizados «en las sombras».
El desenlace ocurrió la tarde del miércoles, cuando la Policía interceptó una flota de cinco camiones que salían del establecimiento de la denunciante cargados con más de 150 animales. El cargamento no solo carecía del control policial obligatorio y de la documentación de tránsito exigida por ley, sino que entre los ejemplares se hallaron vacunos de un productor vecino con marcas adulteradas y contramarcas del sello de la propia imputada.
Actualmente, tanto la mujer como su hijo y el transportista se encuentran alojados en la Comisaría Tercera de Santo Tomé, a la espera de prestar declaración.
