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Ordenaron detener al juez federal Soto Dávila acusado de beneficiar a los narcopolíticos de Itatí

El Juzgado Federal Nº12 de Sergio Torres y la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar narcotráfico- tuvieron entre cejas durante largo tiempo al juez federal correntino Carlos Vicente Soto Dávila, un nombre recurrente alrededor del submundo del intendente kirchnerista Natividad "Roger" Terán y su clan, los narcopolíticos de Itatí presos por regentear un corredor de marihuana paraguaya con la complicidad de gendarmes y policías federales que tenían marihuana en su delegación.


El expediente Itatí con el juez Torres y la PROCUNAR al mando de la investigación terminó en 2017 con 38 causas conexas, 38 procesados con prisión preventiva, cinco capturas internacionales, un legajo de investigación patrimonial, más de 13 toneladas de marihuana, armas de fuego, investigaciones patrimoniales, armas de fuego incautadas.
Pero la red correntina no podía existir solo con el despacho de un intendente, en pistoleros que conducían lanchas llenas de hierba en ríos barrosos. Algo más tenía que accionar todo esto.
Así, el juez y los fiscales miraban hacia Soto Dávila: había dilaciones, demoras, libertades concedidas en varios expedientes alrededor del clan Terán y de capos como Luis Saucedo, en una trama que olía sospechosamente similar a la de Raúl Reynoso, juez federal de Orán, Salta, una de las principales fronteras narco de la Argentina, que terminó destituido y preso, acusado de cambiar libertades por campos y plata y de proteger a jefes temibles como el salteño Delfín Castedo.

También, la causa Itatí no terminó solo con incautaciones y presos: terminó con voces cantantes. De acuerdo a información judicial a la que accedió Infobae, tres imputados arrepentidos y dos testigos de identidad reservada revelaron un sistema de coimas a cambio de beneficios en expedientes a cambio de un grupo de abogados -uno de ellos detenido- y del juez Soto Dávila mismo junto a sus secretarios: los testimonios indican la entrega de dinero y las resoluciones posteriores. Uno de los arrepentidos inclusoentró en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.

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